El timo de la estampita

Admiro a las personas sean católicas o de cualquier otra confesión entregan su vida para ayudar a los demás, aquí o en Burundi, pero me dan asco los que se hacen diáconos solo para asegurarse la vida y no dar un palo al agua, entre ellos toda esta gentuza hipócrita que se dan golpes en el pecho.

Y no lo digo yo, hoy he leído este artículo en el Periódico de Catalunya…

“Tenemos que hablar de Dios y de su presencia en las instituciones públicas. Aunque nos tengamos por una sociedad que ha domesticado el orden religioso, la realidad dista mucho de ser realmente laica. Porque la Iglesia católica disfruta de unos privilegios inauditos en democracia y porque poco a poco esta situación se está convirtiendo en una debilidad del sistema. Si una confesión particular sigue siendo favorecida por el Estado, será muy difícil negarles a otras religiones las mismas ventajas que disfruta el catolicismo. Es urgente debatir sobre esta cuestión por justicia pero también porque no nos podemos permitir acabar subvencionando organizaciones que defienden valores que van en contra de los principios fundamentales de la democracia

Supuesta aconfesionalidad

La Fundació Ferrer i Guàrdia explica muy bien lo que nos cuesta el Concordato firmado en 1979 entre el Estado español y el Vaticano. En unas infografías de fácil comprensión se desglosan las ventajas que hoy en día no tienen razón de ser: exención del IBI, impuestos de sucesiones y donaciones, sociedades, asignación directa de IRPF, gastos de conservación y restauración de patrimonio propiedad de la Iglesia que, en cambio, es quien se beneficia en exclusiva de su explotación, una parte importante de la enseñanza sufragada con fondos públicos de carácter religioso (incluyendo algunas escuelas que segregan por sexos) y sacerdotes pagados por la Administración. La fundación calcula que el Concordato nos sale por unos 3.400 millones de euros. Casi nada. De este modo la supuesta aconfesionalidad recogida en la Constitución queda en papel mojado.”

Después de leer este artículo de Najat El Hachmi en El Periódico de Catalunya, me queda más claro que si los sacerdotes cobran de el estado habría que llamarlos, no sacerdotes, ni curas, sino funcionarios del gobierno.

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